EcoDiario.es | 3/01/2013 - 8:50
A pesar de que desde el Gobierno madrileño insisten en que ha imperado la "normalidad" en las farmacias el primer día del euro por receta, a pie de calle la sensación de malestar es palpable. Incluso las quejas proceden de parte del sector farmacéutico por la carga burocrática que supone esta medida, a lo que se le suma el retraso en la instalación del sistema informático que permiten que el paciente no alcance el tope máximo de 72 euros anuales para enfermos crónicos.Entre los ciudadanos hay "enfado por tener que pagar la tasa, a ninguno nos hace gracia pagar un euro por receta y, en las farmacias, el enfado es por la carga burocrática de tener que explicar al ciudadano y canalizar los enfados", ha asegurado el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero.
El farmacéutico tiene que oír las quejas e intentar explicar en qué consiste y "de alguna manera aguantar" el malestar que manifiestan los pacientes, ha continuado. García ha considerado que no hubo aprovisionamiento de medicinas antes de fin de año, y ha opinado que podría deberse a que ha habido huelgas en la sanidad y consultas cerradas, lo que motivaría un menor número de prescripciones, aunque ha añadido finalmente que desconoce "si es porque los pacientes no le han dado importancia o por falta de prescripciones".
La indignación por parte de los consumidores estuvo representada por la Federación de Consumidores en Acción Facua. Su portavoz, Rubén Sánchez, ha indicado que consideran esta tasa "inaceptable" y ha recomendado a los consumidores que en el momento de la dispensación del medicamento, en lugar de realizar el abono, entreguen una carta al farmacéutico con sus datos personales en la que planteen el rechazo a la tasa y su negativa a pagarla.
Invalidar la tasa
A estas quejas se unen los esfuerzos de asociaciones y partidos políticos para invalidar legalmente esta tasa. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid se ha dirigido este miércoles al Ministerio de Sanidad, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado para solicitar a estas instituciones que "realicen las actuaciones oportunas para paralizar" la aplicación del euro por receta.La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) hizo lo propio y reclamó ante la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado la paralización de la aplicación. Consideran que esta medida es ilegal por invadir competencias exclusivas del Estado, ya que grava unos fármacos incluidos en el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo el secretario general del PSM, Tomás Gómez ha asegurado que su partido presentará el próximo martes en el Tribunal Constitucional un recurso contra esta medida. A su juicio, sus coste de publicidad y burocracia los "debería pagar Ignacio González de su bolsillo".
No comments:
Post a Comment