Lanzamientos de objetos a los agentes, carreras,
cargas policiales, detenciones. La convocatoria Asedia el Congreso,
organizada por la plataforma ¡En pie!, que congregó a apenas 3.000
personas, acabó en una auténtica batalla campal en el centro de Madrid
con duros enfrentamientos entre los equipos antidisturbios y grupos
violentos que los atacaron con piedras (también quemaron contenedores).
La sede parlamentaria se convirtió en un búnker blindado a cal y canto
por un espectacular despliegue policial de 1.400 agentes, lo que el
Gobierno justificó porque los convocantes, el ala más radical de los
indignados, son grupos antisistema violentos, según el Ministerio de
Interior. Su intención manifestada era permanecer de forma indefinida en
los alrededores de la Cámara hasta lograr la caída del régimen, con la
dimisión del Ejecutivo, la disolución de las Cortes y de la jefatura del
Estado. La participación resultó mucho menos numerosa que en otras
ocasiones, ya que la convocatoria no estuvo respaldada por el movimiento
15-M.
Aunque la concentración se inició de forma
pacífica, a partir de las 20.30 horas comenzaron los incidentes. La
policía dispersó a los manifestantes que se hallaban en la plaza de
Neptuno, después de que una decena de encapuchados arrancaran parte de
las vallas de la carrera de San Jerónimo. Al tiempo una lluvia de
litronas, latas de cervezas, piedras y petardos caía sobre los agentes.
Se sucedieron las carreras y los encontronazos. Los choques con pequeños
grupos violentos siguieron durante la noche en Gran Vía, plaza de
Atocha y de Cibeles.
Antes de que se produjera la intervención
policial, hubo cuatro detenciones, entre ellas la de un menor que
llevaba un petardo de unos quince centímetros, un bote con ácido y una
bolsa con piedras. Después de los incidentes la policía practicó más
arrestos. Otras 18 personas fueron detenidas en las horas previas.
Todos los grupos parlamentarios rechazaron o, al
menos, se desmarcaron de la convocatoria del 25-A, al considerarla
violenta. El presidente del Congreso, Jesús Posada, advirtió de que
asediar y asaltar el Parlamento, lo que calificó de «atentado a la
democracia», puede tener consecuencias para sus autores. El coordinador
federal de IU, Cayo Lara, señaló que no compartía los objetivos de la
protesta que tildó de irreales y que podrían tener «tintes de
violencia».
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
calificó a los convocantes de «grupos radicales, incluso violentos,
claramente antisistema y extremistas» y afirmó que habían llamado a
través de Internet al uso de «técnicas de guerrilla urbana» contra la
policía. Según la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes,
detrás de la convocatoria estaban «los elementos más radicales de la
extrema izquierda».
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