Dos años después de que Bruselas le abriera un proceso por posible abuso de posición dominante, Google ha desvelado sus cartas. La Comisión Europea
acaba de anunciar las medidas que le ha propuesto la empresa comandada
por Eric Schmidt para evitar una multa que podría llegar hasta los 3.800
millones de euros, el 10% de su facturación del año pasado. Se abre ahora un proceso que durará en torno a un mes en el que el
departamento de Competencia, que encabeza Joaquín Almunia, escuchará a
las partes afectadas para decidir si se da por satisfecho o no. Entre las medidas que plantea Google destaca un cambio en la
presentación de sus búsquedas. La propuesta es dejar de privilegiar sus
servicios sobre los de los rivales. Otra de sus ofertas es etiquetar los vínculos hacia sus servicios
especializados (Google Shopping, Hotel Finder, News, Finance o Flights)
para que los internautas puedan distinguirlos del resto. La propuesta a
los editores de periódicos consiste en que los propios medios puedan
controlar sus contenidos disponibles en Google News.
Los editores de periódicos proponen que los propios medios puedan controlar sus contenidos disponibles en Google News
I-comp, la asociación que reúne a varias empresas demandantes entre las que destaca Microsoft, reclama a Google la posibilidad de comprobar a priori
cómo quedarían en la práctica las búsquedas si Bruselas se da por
satisfecha. “Si la propuesta no muestra claramente principios no
discriminatorios y los medios para restaurar la competencia, es muy
difícil que sea satisfactoria”, asegura en un comunicado. El test de mercado -una encuesta que inician las autoridades de
competencia para que tanto los demandantes como otras terceras partes
puedan opinar sobre la oferta de la compañía- concluirá con un dictamen
de Bruselas. Si es positivo, los cambios que ahora plantea Google serán
vinculantes jurídicamente y el gigante informático se librará de las
sanciones. Si no es así, los servicios de Almunia continuarán con el
expediente. Las acusaciones contra Google son varias. Entre ellas, que redirige
el tráfico hacia sus propios servicios sin informar a sus clientes, que
toma contenidos de diversas plataformas -desde periódicos a críticas de
restaurantes de páginas especializadas- sin pagar por ello, o que impone
restricciones en los contratos para monopolizar los anuncios en
Internet. Fairsearch.org, otra organización que engloba a reclamantes, ha emitido un comunicado
en el que pide que el plazo del test se amplíe a tres meses y que las
modificaciones respondan a tres preguntas clave: ¿Habrá una tercera
parte independiente para comprobar que Google cumple los compromisos?
¿los propietarios de los contenidos insertados en Google tendrán la
facultad de editarlos? ¿Se dará el mismo tratamiento a los contenidos
propios que al resto?
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